El certificado de antecedentes penales se requiere para distintas transacciones: empleo, vivienda, estudios y licencias, entre otras. La dificultad para obtener un certificado de buena conducta “limpio” de convicciones criminales impide que muchas personas puedan desarrollarse y rehabilitarse en la sociedad.

Haber cometido un delito no debe ser un obstáculo para que una persona logre reintegrarse y ser productiva en su comunidad. Limpiar el récord puede ser de gran ayuda en este proceso.

Eliminar delitos del récord de antecedentes penales no siempre es posible. En esta sección discutimos en qué casos sí se puede y cuál es el proceso establecido por ley.

¿Qué establece la ley?

Según la Ley 314-2004, que enmendó la Ley Núm. 254 del 27 de julio de 1974, se pueden eliminar los delitos del certificado de antecedantes penales en las siguientes circunstancias: 

• Delitos menos graves
• Algunos delitos graves
• Siempre que la persona no haya cometido algún delito bajo leyes locales o federales luego de haber cumplido su sentencia 
• Cumplan con el término que establece la ley para poder pedir la solicitud, según el delito cometido.

No son elegibles para este proceso: 

• Quienes aparezcan en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abusos contra Menores o en el Registro de Personas Convictas por Corrupción o en el Registro de Personas Convictas por violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Se puede solicitar eliminar del récord penal la convicción una vez se elimine su nombre del registro. 

• Personas con convicciones extremadamente largas. Por ejemplo, si una persona recibe una sentencia de 99 años no podría pedir que se elimine la convicción del récord porque, según la ley, tendría que esperar por lo menos 5 años tras haber cumplido su sentencia para solicitarlo.

En el caso de los delitos graves, es el Tribunal el que determina si concederá la eliminación del delito del récord o no y la decisión del Tribunal de Primera Instancia se puede apelar ante el Tribunal de Apelaciones. 

• Que el o la fiscal se oponga porque entienda que la persona no tiene buena reputación en la comunidad u otra razón meritoria a la que el juez o jueza le dé peso.

• Que no hayan transcurrido cinco años desde que se cumplió la sentencia si es un delito grave. 

• No presentar la documentación requerida.

• Que al momento de presentar su solicitud la persona sea sospechosa de un delito o haya sido convicta nuevamente en el foro local y/o federal.

• Que el delito cometido no sea elegible para solicitar que se elimine del expediente.

Este contenido educativo hace referencia a la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley para Autorizar a la Policía de Puerto Rico la Expedición de Certificados de Antecedentes Penales. 

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