Toda persona adulta tiene derecho a recibir servicios para su salud mental enfocados en su condición, severidad del trastorno, edad y género.

• Las personas no podrán ser discriminadas en el acceso a estos servicios y no se discriminará por enfermedades previas.

• Ningún proveedor podrá discriminar contra personas en el acceso a servicios de salud mental por medio de distinciones en el tipo y calidad de servicios prestados, así como en  el acceso, administración o modo de planificar sus servicios. 

• Todo proveedor de servicios de salud mental tiene la obligación de brindar servicios médicos dentro de los primeros 15 días laborales de la petición si no es una emergencia psiquiátrica. Tienen prohibido crear listas de espera si se exceden de los 15 días sin haber ofrecido el servicio.

Toda persona adulta que recibe servicios de salud mental tiene derecho a no ser identificada como paciente, ni como ex-paciente, a menos que la persona así lo solicite o lo autorice.

Toda persona adulta que solicite servicios de salud mental, tiene derecho a:

• Ser notificada sobre sus derechos garantizados bajo la Ley de Salud Mental al momento de la admisión o lo más pronto posible. 

• Se le tiene que entregar a la persona una explicación detallada de cualquier limitación que pudiera sufrir durante su hospitalización y que la misma sea justificada por medio de tratamiento médico.

Toda persona tiene derecho a un plan personal e individualizado de tratamiento, recuperación y rehabilitación seguro y humano dentro de un ambiente que sea lo menos restrictivo posible, de acuerdo a su condición. Además tiene derecho a:

• Participar, lo más que le sea posible, en la formulación y revisión de dicho plan, con el acompañamiento de la persona familiar más cercana, si la persona así lo desea.

•  A  no ser sometida a ningún tratamiento o procedimiento experimental o exploratorio que no haya sido aprobado por organismos federales o estatales. 

  • A menos que la persona preste su consentimiento, de manera informada, y provea un permiso, legalmente efectivo, para el tratamiento.

• Toda persona adulta que recibe tratamiento de salud mental tiene derecho a conocer y ser informada de todo lo relacionado a su evaluación, tratamiento, recuperación o rehabilitación por medio de un lenguaje que pueda entender.

Para que el consentimiento se considere informado, la persona debe recibir y entender , al menos, la siguiente información:

a. El diagnóstico y la descripción clínica de su condición

b. El tratamiento recomendado

c. Los riesgos y consecuencias de aceptar o rechazar el tratamiento

d. Otras alternativas de tratamiento que estén disponibles aunque sean menos indicadas

e. Beneficios, riesgos y consecuencias de las alternativas de los tratamientos

f. El pronóstico correspondiente

g. La posibilidad de efectos secundarios y daños irreversibles como resultado de los tratamientos

• Esta información debe ser provista de una manera accesible que la persona pueda entender.

• Si es una emergencia médica o psiquiátrica se podrán administrar los servicios de estabilización sin el consentimiento de la persona.

A menos que se trate de una situación de emergencia, las personas pueden negarse a recibir cualquier tipo de servicio de su Plan de Tratamiento, Recuperación o Rehabilitación. Se le debe informar sobre alternativas al tratamiento.

La persona tiene derecho a la libertad de comunicación privada con quien desee, sin censura y sin impedimentos para ello. Puede ser por medio telefónico, correo o visitas.

• Estas solo podrán ser razonablemente restringidas si media una justificación médica.

• No podrán ser limitadas cuando sea sobre asuntos legales.

• Toda persona adulta tendrá derecho, mientras recibe tratamiento médico, a manejar su dinero y bienes, sujeto a las normas de la institución.

• Ninguna persona empleada de la institución tiene derecho a recibir dinero a nombre de la persona al menos que haya consentimiento del tribunal.

• Toda persona adulta mantendrá sus efectos personales en un área asignada.

Puede laborar o trabajar voluntariamente para la institución pero NO podrá ser obligada a esto, a menos que forme parte de su plan de tratamiento. El trabajo no podrá ser usado como un castigo hacia la persona.

La persona tiene derecho a solicitar participación en grupos de apoyo o recibir apoyo por personas cercanas de manera confidencial. Tiene derecho también a:

• Recibir el apoyo físico o emocional necesario al momento de ser dada de alta.

• Recibir apoyo cuando existe responsabilidad moral o lazos por sangre (consanguinidad)  a proveerle el apoyo necesario y los servicios para  su recuperación