La Ley Núm. 142-2011 enmienda la ley general de desahucio. Esta ley obliga a que, en casos de desahucios donde hay personas de edad avanzada o personas con impedimentos, se notifique a la persona Procuradora de Personas de Edad Avanzada o Procuradora de las Personas con Impedimentos, según sea el caso. Esto permite que se velen por los derechos y necesidades de estos grupos de personas, que suelen estar más vulnerables ante una situación de desahucio.

• En un proceso de desahucio en que pueda ser afectado el domicilio de una persona de edad avanzada debe notificarse a la persona Procuradora de Personas de Edad Avanzada.
• La Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores define como personas adultas mayores a quienes tienen 60 años de edad o más (Ley Núm. 121-2019, según enmendada). 
• En un proceso de desahucio donde pueda afectarse el domicilio de una persona con necesidades especiales debe notificarse a la persona Procuradora de las Personas con Impedimentos.
• Un impedimento puede ser una discapacidad física, mental o emocional.
• Para más información vea aquí la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos (Ley Núm. 238-2004, según enmendada). 

• La Ley 171-2001 dice que debe prepararse un informe que considere, entre otros aspectos, la presencia de personas menores, ancianas o incapacitadas que conforman el núcleo familiar.
• Esta ley establece el proceso administrativo para los desahucios de vivienda pública.
• Realizar este informe es una obligación de ley así como establecer los pasos de coordinación con otras agencias, como serían el Departamento de la Familia y las Procuradorías para proteger los derechos de estas personas.

La ley no hace distinción entre vivienda pública o privada, por lo que aplica en todos los casos de desahucio.

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