Los procesos criminales se activan cuando se le acusa de haber cometido un delito. Las partes en un proceso penal son el Pueblo y la persona acusada. El Pueblo es representado por el o la fiscal, también conocidos como “el Ministerio Público”. La persona acusada estará representada por su abogado o abogada. En el proceso, el Ministerio Público presentará prueba para demostrar que, más allá de duda razonable, la persona acusada es culpable. En nuestro sistema existe la presunción de inocencia, lo que significa que las personas se presumen inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Si una persona es hallada culpable enfrentará una pena que puede ser cárcel o una multa, dependiendo del delito que haya cometido.

La persona acusada tiene derecho a que se le asigne representación legal gratuita. Este derecho también protege a los inmigrantes, indistintamente de su estado migratorio. Esto se logra refiriendo a la persona a la oficina de Servicios de Asistencia Legal u otra entidad que ofrezca servicios legales gratuitos. Si la persona cualifica, se le asignará un abogado o una abogada que le represente. Este derecho aplica cuando a la persona acusada se le procesa por un delito menos grave o grave. La víctima del crimen no tiene derecho a un abogado. 

  Procesos civiles

Los procesos que no son penales son, en su mayoría, procesos civiles. Estos incluyen las controversias de familia y vivienda, las reclamaciones de daños y las acciones de cobro de dinero. También hay procesos civiles que se ven en las agencias, como serían pleitos de consumidores ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) o casos ambientales ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).  Los procesos civiles comienzan cuando una parte, el demandante o querellante, presenta una reclamación o demanda ante un tribunal o agencia para solicitar un remedio. En los casos civiles, la parte que pierde no enfrenta cárcel.

En los procesos civiles no hay derecho a que se asigne representación legal. Sin embargo, las personas pueden contactar alguna de las entidades de asistencia legal gratuita para ser cualificadas para obtener ayuda legal sin costo alguno. Puede también que el tribunal le asigne un abogado o abogada de oficio para representarla en el caso.