Nadie puede tomar la justicia en sus manos. Una persona inquilina que se encuentre en esta situación tiene derecho a solicitar un remedio provisional conocido como un interdicto posesorio en el Tribunal. Un interdicto posesorio es un recurso que se usa para evitar que se moleste o perturbe en su posesión a una persona inquilina, aún cuando exista deuda de renta. Este es temporero y protege el hecho de la posesión de una propiedad inmueble, no el derecho a su posesión. 

En Puerto Rico, el derecho a la posesión de la persona que vive en una propiedad alquilada se protege. Por esta razón, si una persona dueña de una propiedad desea sacar a una persona arrendataria o inquilina de su propiedad no puede hacer cosas como impedir la entrada a la persona inquilina, cambiar candados o perturbar la posesión, incluso cuando exista una deuda, sin antes acudir al Tribunal. Enfatizamos que este derecho cobija a toda persona sin importar su estatus migratorio. 

La persona arrendadora que desee sacar a una persona inquilina de su propiedad puede comenzar un proceso de desahucio en el Tribunal. Algunas de las razones más comunes para comenzar un proceso de  desahucio son la falta de pago de alquiler, haber violado el contrato de arrendamiento o que la persona que vive la propiedad se niegue a abandonarla. Encuentre aquí una Guía sobre el proceso de desahucio en el Tribunal. 

No se puede sacar a nadie de una vivienda alquilada sin una Orden del Tribunal, ejecutada por alguaciles del Tribunal. 

El Tribunal lo puede conceder cuando la parte demandante alegue y pruebe lo siguiente:

• Que estaba en posesión del bien objeto del pleito dentro del año antes de la fecha de presentación de la demanda 
• Que ha sido perturbada o despojada de la posesión o tenencia (es necesario describir esos hechos)
• Si dichos actos fueron realizados por la parte demandada o por orden de esta

Encuentre aquí nuestra Guía básica sobre los injunctions. 

Cuando proceda un lanzamiento (esto ocurre desde que la sentencia en un caso de desahucio que el Tribunal declare con lugar sea final y firme) y el Tribunal haya determinado la insolvencia económica de la familia, se le debe notificar con copia de la sentencia, inmediatamente, a las secretarías de los departamentos de vivienda y familia. 

• El término para el lanzamiento son 20 días desde la notificación. 
• En el momento del lanzamiento tiene que estar presente una persona funcionaria de los departamentos de vivienda y familia. 
• Si se trata de alguno de los arrendamientos subsidiados por el Departamento de la Vivienda, se tiene que cumplir además con sus reglamentos. 

Sí. Las personas inmigrantes que alquilan viviendas privadas en Puerto Rico tienen los mismos derechos que cualquier persona que alquila, independientemente de su estatus migratorio.  Por ende, tienen derecho a presentar este recurso al igual que cualquier otra persona cuando su posesión fuere molestada o perturbada, aún cuando exista deuda de renta.

Encuentre aquí más información sobre derechos relacionados al arrendamiento. 

Encuentre aquí más información sobre inmigración. 

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