Nuestras principales 10 exigencias para el uso de fondos CDBG-DR

Por: Ayuda Legal Huracán María
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PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS SOBRE EL BORRADOR DE PLAN DE ACCIÓN CDBG-DR

 

  1. Falta de información, educación y participación ciudadana en cuanto a los fondos CDBG-DR.

    1. Hacemos énfasis en nuestros reclamos previos de falta de participación ciudadana y educación sobre los fondos CDBG-DR per sé y los usos para los cuales fueron asignados. Queremos destacar que las vistas públicas realizadas en el mes de marzo fueron inadecuadas, la negativa del Departamento de Vivienda (DV) a extender el periodo de comentarios públicos, el hecho de que no se tradujo la notificación de asignación de fondos (“Allocation Notice, AN) al idioma español, y la pobre redacción del borrador del plan de acción (BPA) publicado.
  2. Falta de acceso al borrador del plan de acción y materiales educativos.

    1. La mayoría de la información relacionada a los fondos CDBG-DR, incluyendo los materiales (“toolkit”) del Departamento de Vivienda federal (HUD) publicados en la página web del DV, están en inglés, ya que no fueron traducidos al idioma español.
    2. La forma en que se publicó e hizo accesible el BPA al público no cumple con los requisitos de accesibilidad dispuestos en el AN, entre los cuales estaba el cumplimiento con la Ley ADA y la Ley Federal de Rehabilitación.
    3. En una isla donde a 8 meses después del desastre todavía hay miles de personas sin servicio eléctrico y de comunicación, la publicación exclusiva del BPA por medio de la plataforma electrónica limitó el acceso a la información y la participación ciudadana.
  3. Preocupaciones relacionadas a la transparencia y rendicion de cuentas.

    1. Para garantizar el uso adecuado y eficiente de los fondos CDBG-DR  se requiere que los receptores, sub-receptores, contratistas, municipios y personas jurídicas o naturales mediante los cuales se va a canalizar estos fondos detallen el costo – punto por punto- de los trabajos a realizarse.
    2. Se requiere el establecimiento de un proceso de reclamación para reclamar en casos de construcciones viciadas o de mala calidad, que no cumplan con los estándares legales de construcción.
  4. Falta de una política pública clara relacionada a la propuesta de desplazamiento de comunidades en estado precario.

    1. Preocupados por las continuas declaraciones del Gobierno de Puerto Rico sobre la necesidad de desplazar comunidades, hemos incorporado y adaptado los principios y derechos de Texas para ser incluidos en el plan de acción de Puerto Rico. Entre estos derechos se encuentran el derecho a elegir, el derecho a permanecer, el derecho a igual trato y a no ser discriminados, y el derecho a una participación real y efectiva.
    2. El gobierno certificó que estaba siguiendo “que tiene en efecto y está siguiendo un plan de asistencia residencial contra el desplazamiento y reubicación en relación con cualquier actividad asistida con fondos bajo el programa CDBG”. Sin embargo, en ninguna otra parte del BPA se incluyó mención alguna sobre este plan de asistencia, su descripción ni criterios.
    3. El BPA menciona, sin incluir un plan concreto, a las personas con “viviendas construidas de manera informal o construcción informal”. Cuando el gobierno habla de “vivienda informal”, se refiere mayormente a viviendas sin título formal (legal) de propiedad. Algunas de las justificaciones para el desplazamiento o relocalización forzada de comunidades se basan en la falta de título formal de propiedad de estas viviendas, haciendo creer que están localizadas en zonas inseguras o de alto riesgo. El carecer de título formal no hace, automáticamente, a estas viviendas en unas inseguras, de riesgo o que carezcan de los servicios básicos. Para las personas que residen en estas comunidades informales, la falta de acceso a la mayoría de las asistencias, tales como FEMA, así como la alegada ilegalidad de la ocupación de terreno, responde a factores sociales, históricos y económicos, los cuales pueden resolverse mediante la regulación o legalización de su permanencia, evitando así su desplazamiento y relocalización.
    4. El DV, y sus constantes expresiones reiterando una política pública oficial de que “para poder progresar hay que aceptar cambios”, “hay que terminar con este problema”, “se acabó el tiempo del “ay bendito”; las propuestas de los municipios para eliminar comunidades que carezcan de títulos formales, y nuestras aseveraciones previas en cuanto al desplazamiento, plantea inquietudes en estas comunidades vulnerables; muchas de las cuales han estado históricamente indefensas ante intentos de desplazamientos.  
  5. Falta de información precisa sobre las necesidades no satisfechas. Acceso a la información utilizada por el DV para el análisis de las necesidades no satisfechas.

    1. La mayoría de la información utilizada para determinar las necesidades no satisfechas proviene de FEMA, SBA y el informe “Reconstruyendo un Mejor Puerto Rico” realizado por la Oficina del Gobernador de Puerto Rico en noviembre 2017. Esta información ha sido altamente cuestionada en varias ocasiones, a nivel local e internacional, debido a su falta de exactitud. Esto es altamente preocupante sobre todo cuando se trata de la información que se utilizará para justificar la asignación de los fondos CDBG-DR.
    2. Al presente se desconoce la fuente de origen o procedencia de la información utilizada, particularmente aquella utilizada para separar las necesidades de los propietarios y los arrendatarios.
    3. El DV no ha publicado, ni ha hecho accesible, al público en general la información que utilizaron para determinar las necesidades no satisfechas.
  6. No existe una definición clara del concepto “población vulnerable” o cómo los programas propuestos benefician e identifican estas poblaciones.

    1. Ninguno de los programas del BPA, incluyendo los programas de Planificación y Vivienda, expresan cómo promoverán vivienda para las poblaciones vulnerables ni una descripción de las actividades o asuntos que planifican atender.
    2. El BPA no contiene una evaluación sobre cómo las decisiones de planificación afectarán miembros de clases protegidas, áreas de concentración racial o étnica, así como áreas de concentración de pobreza; ni cómo promoverá para la disponibilidad de vivienda asequible en áreas de baja pobreza y sin minorías, cuando aplique, y cómo responderá a impactos relacionados a peligros.
    3. Toda vez que el borrador del PA está relacionado únicamente a la primera asignación de $1.5 billones, y no a la próxima asignación de $18.5 billones, éste debería dar prioridad a las necesidades más urgentes y/o establecer programas que puedan recibir más fondos de la próxima asignación de fondos CDBG-DR. Así, los actuales programas propuestos para vivienda, infraestructura y revitalización económica deberían atender a las poblaciones vulnerables, dando prioridad a sus necesidades urgentes sobre estos asuntos.
  7. Selección de beneficios de los programas. Teniendo esto en cuenta, cualquier criterio de elegibilidad añadido al plan debe ser considerado como una enmienda sustancial sujeta a comentarios públicos.

    1. La mayoría de los programas mencionados en el BPA únicamente indican, como criterio general, que están dirigidos a las poblaciones LMI. El BPA carece de especificidad en cuanto al porciento de fondos que serán destinados a comunidades de muy bajos recursos y aquel destinado a las de ingresos moderados. El programa de asistencia de pago hipotecario nos lleva a pensar que estos fondos se utilizarán mayormente para asistir a poblaciones de ingresos moderados, ayudando así a la industria bancaria.
    2. La inclusión de criterios futuros desarrollados para estos programas deben de ser considerados como enmiendas sustanciales y, por ende, sujeta a comentarios de la ciudadanía.
  8. Ausencia de un proceso de apelación detallado para que los participantes y recipientes de los fondos puedan apelar cualquier determinación o inacción.

    1. El BPA no contiene un proceso de apelaciones para que los participantes y recibientes de los fondos CDBG-DR, sino que meramente se limita a indicar que “Vivienda desarrollará un proceso de apelaciones”. Cualquier PA futuro tiene que incluir un proceso detallado de apelaciones, así como expresar claramente todo el que solicite o participe en cualquiera de los programas sufragados con fondos CDBG-DR tiene derecho a apelar cualquier determinación, acción o inacción del DV o cualquier otro recipiente, sub-recipiente o contratista que utilice estos fondos.
    2. El proceso de apelación tiene que garantizar, por lo menos, el debido proceso de ley que asiste a los participantes y recipientes de los programas.
    3. El BPA indica que “[l]os programas de Reconstrucción y Recuperación incorporarán un proceso para que los solicitantes puedan apelar sobre la calidad del trabajo de rehabilitación”. Este proceso debe ser detallado ampliamente en el PA, dada la situación precaria en la que se encuentran la mayoría de los participantes en estos programas, así como la falta de transparencia planteada por varias partes interesadas.
  9. Ausencia de otros programas económicos o de infraestructura, aparte de vivienda de interés social, destinados a beneficiar las poblaciones vulnerables.

    1. El BPA menciona constantemente a las poblaciones vulnerables y protegidas, sin embargo carece de expresión alguna en cuanto a la manera en que se proyecta impactar a esta población, limitándose únicamente a la construcción de nuevos proyectos de vivienda de interés social.
    2. Un plan que tome en consideración estas poblaciones debe incluir la inversión de fondos para desarrollos económico y de infraestructura, que incluya y promueva la participación de la población vulnerable, y no limitarse a vivienda de interés social.
  10. Programas de revitalización económica.

    1. El BPA carece de expresión, descripción de programas, estructura u objetivos que demuestren cómo los programas económicos cumplirán con el requisito de que el 70% de los fondos CDBG-DR sean destinados a programas que beneficien a personas de ingresos bajos y moderados. Cualquier programa de desarrollo económico debe estar estructurado y dirigido a cumplir la meta de atender a las poblaciones de LMI.
    2. Programas tales como los de “incubadoras de pequeñas empresas” y “préstamos renovables de construcción” deben proveer para una participación activa de la comunidad, para que las incubadoras y los préstamos atender efectivamente a la población LMI.

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