El acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe garantizarse en una sociedad  democrática, participativa e igualitaria. Es el derecho que tienen todas las personas a utilizar las herramientas y mecanismos legales para que se les reconozcan y protejan sus derechos.

No existe acceso a la justicia cuando, por motivos económicos, sociales o políticos, las personas son discriminadas por la ley y los sistemas de justicia. En la práctica, el acceso a la justicia se refiere a que debe garantizarse la igualdad de condiciones para que las personas puedan acudir a los tribunales y solicitar las protecciones y remedios correspondientes de manera efectiva.  

Garantías

El acceso a la justicia garantiza que las personas puedan acudir ante los tribunales a reclamar que se protejan sus derechos sin importar su estatus económico, social, político, migratorio, racial, étnico o de su filiación religiosa, identidad de género u orientación sexual.

• Las personas deben conocer cuáles son sus derechos y cómo funcionan los procesos legales.
• Sin importar su capacidad económica, todos los individuos tienen derecho a obtener asesoría y orientación legal adecuada y accesible.
• La ley y los procesos deben ser justos, equitativos y sensibles a las vulnerabilidades de las personas marginadas.
• Los Tribunales deben ser imparciales, sin perder de perspectiva que la administración de la justicia no debe estar divorciada de principios como la sensibilidad y el respeto a las partes.

El acceso a la justicia es indispensable para el desarrollo social, económico y político del País. Para proteger los derechos, satisfacer las necesidades básicas y promover la participación ciudadana, es necesario garantizar el acceso más amplio posible a la justicia, implantando estrategias para promover la educación sobre derechos, la representación legal gratuita y adecuada, así como el trato justo e igualitario de quienes acuden a los tribunales.

¿A quiénes afecta la falta de acceso a la justicia?

La falta de acceso a la justicia afecta particularmente a grupos desaventajados social y económicamente. Esto incluye a grupos que históricamente han sido marginados, tales como los sectores pobres, las mujeres, las comunidades negras, inmigrantes y LGBTQIA+ y la población confinada, entre otros.

Múltiples factores dificultan el acceso a la justicia en Puerto Rico. A continuación, mencionamos algunos de los que requieren atención con mayor urgencia.

Sí. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 1948, reconoce el derecho de las personas a acudir a los tribunales para proteger sus derechos:

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Además de ser un derecho fundamental reconocido internacionalmente, el acceso a la justicia es parte de la política pública de Puerto Rico. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce el derecho al trato igual y digno ante la ley.

Sección I: La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana.

La dignidad humana es inviolable porque las personas, por el simple hecho de ser humanas, tienen un valor que debe ser respetado. Este valor es igual para todos los hombres y mujeres, indistintamente de sus diferencias sociales, económicas o políticas. Ante el acceso a la justicia, esto se traduce en que no puede haber discriminación o barreras que impidan a algunas personas conocer sus derechos, obtener asesoría legal, acudir a un tribunal  y obtener un remedio justo para su controversia.

¿Cómo podemos fomentar el acceso a la justicia?

Solucionar el problema de acceso a la justicia requiere fomentar cambios en las estructuras sociales, políticas y económicas que fomentan la desigualdad y la pobreza. Estas transformaciones son posibles mediante la creación de mecanismos que permitan la participación ciudadana de los personas y comunidades que históricamente han sido excluidas, de forma tal que estas puedan contribuir a la formulación de estrategias y políticas públicas.Fomentar el acceso a la justicia requiere crear las condiciones para apoderar a esas mismas personas y comunidades, brindándoles la información y herramientas necesarias para que conozcan la ley, sus derechos y los mecanismos disponibles para ejercerlos.

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