Aunque todos los proyectos de uso y construcción requieren permisos, no todos los proyectos reciben el mismo trato. La Ley 76-2000 para dispensar al Gobernador en proyectos que surjan como consecuencia de estados de emergencia declarados mediante Órdenes Ejecutivas estableció un proceso acelerado para evaluar proyectos que respondan a una emergencia. Más recientemente, la Ley para la reforma del proceso de permisos de Puerto Rico (Ley de permisos) creó un procedimiento aún más corto para considerar ciertos proyectos que se supone están relacionados a infraestructura, desarrollo económico y emergencias. Estos proyectos son los designados como críticos, estratégicos o de emergencia. 

La Ley de supervisión, administración y estabilidad económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés) requiere que ciertos proyectos estrechamente relacionados con la respuesta a una emergencia sean atendidos de manera acelerada. Estos proyectos, llamados proyectos críticos, son designados por la Junta de Supervisión y Administración Fiscal. Las agencias de Puerto Rico deben evaluar estos proyectos críticos siguiendo los procesos de la Ley 76-2000 o el proceso expedito de la Ley de permisos. La Junta ha designado como críticos el proyecto de vivienda Viewpoint at Roosevelt en San Juan y la expansión del vertedero de Fajardo. 

Un proyecto puede ser denominado como estratégico por ser de gran envergadura o porque el gobierno tiene un interés apremiante en él por su naturaleza o su posible impacto en el desarrollo económico. Una persona puede solicitar a la Junta de Planificación que designe su proyecto como estratégico si cumple con los requisitos. Algunos de los criterios que considera la Junta de Planificación:

• atiende la necesidad de vivienda adecuada y digna (si aplica);

• fortalece la capacidad de Puerto Rico de ofrecer una oferta turística competitiva y adecuada (si aplica);

• contribuirá a la competitividad de Puerto Rico y a atraer inversiones de capital en áreas estratégicas como la industria aeroespacial, la informática, el desarrollo comercial y el desarrollo industrial u otras;

• cualquier otro parámetro o criterio afín con la política pública del Gobierno de Puerto Rico.

Por ejemplo, la Junta de Planificación ha designado como proyectos estratégicos la remodelación del Hotel Normandie en San Juan y el proyecto Esencia en Cabo Rojo.

Este proceso expedito también se puede utilizar para proyectos de infraestructura, incluyendo las escuelas y viviendas, que esté subvencionado con fondos federales, o proyectos de emergencia designados conforme a la Ley 76-2000. Esta ley establece un procedimiento rápido para evaluar proyectos que atienden una emergencia. Bajo esta ley, una emergencia es un evento grave como un huracán, un terremoto, o el grave deterioro de la infraestructura, entre otros. El proceso de la Ley 76 se ha utilizado para proyectos como el gasoducto del norte y el incinerador de Arecibo.

La Ley de permisos y PROMESA establecen procedimientos especiales para considerar estos casos. Estos procedimientos eliminan requisitos y acortan los términos que tienen las agencias para actuar y tomar decisiones sobre la solicitud. Con estos cambios, se espera que el gobierno pueda aprobar de manera más rápida los proyectos de lo que haría si sigue el trámite usual.

Este procedimiento acorta los términos establecidos en la ley y reglamentos aplicables para procesos de ese tipo en circunstancias normales. Algunos cambios significativos:

• Todas las solicitudes se presentan ante la OGPe, incluso si normalmente le correspondería al municipio atenderlas. 

• Los proyectos tendrán prioridad en todas las agencias gubernamentales, corporaciones públicas y municipios.

• La única notificación para solicitudes de permisos de construcción y consultas se hace mediante la instalación de un rótulo de presentación.

• Cuando se soliciten recomendaciones a los municipios o las agencias, tendrán el término de 20 días naturales para emitirlas.

• El proceso de evaluación ambiental se puede hacer a la misma vez que los procesos discrecionales, como la consulta de ubicación. 

• El documento ambiental se debe aprobar en 10 días naturales.

• Una vez se apruebe el documento ambiental y termine el periodo para recomendaciones, la OGPe tiene 10 días naturales para emitir su determinación final.

• El único remedio disponible para una parte adversamente afectada por la decisión final de la OGPe, por ejemplo porque denegó la consulta, es una solicitud de revisión de decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones dentro de 20 días naturales desde que se le notificó la decisión.

Ley para la reforma del proceso de permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009. 

Reglamento conjunto para la evaluación y expedición de permisos relacionados al desarrollo, uso de terrenos y operación de negocios, Reglamento 9473 de 16 de junio de 2023 (Aprobado por JP).

Reglamento para la tramitación, evaluación y designación de proyectos estratégicos, Reglamento 9012 del 27 de febrero de 2018 (Aprobado por JP).

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